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La Suprema Corte de California decidirá si prohibir estas uniones viola las leyes 21 de diciembre de 2006 SAN FRANCISCO (AP). — La Suprema Corte de California acordó por unanimidad ayer decidir si la prohibición del estado acerca de los matrimonios entre personas del mismo sexo viola una prohibición constitucional contra la discriminación. La decisión de los jueces deja de lado una decisión tomada en octubre por un tribunal de menor rango que confirmó la prohibición de que los homosexuales y las lesbianas contraigan matrimonio entre sí. Es probable que el resultado no se conozca hasta fines del próximo año. Massachusetts es el único estado que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los jueces están revisando una decisión que tomó en octubre el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito con sede en San Francisco, que determinó por dos votos contra uno que las leyes sobre el matrimonio de California no discriminan porque los homosexuales obtienen la mayoría de los derechos del matrimonio que el estado les confiere a las parejas heterosexuales casadas. En el año 2004, el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, colocó el debate sobre el matrimonio en el tapete nacional al permitirles a las parejas del mismo sexo contraer matrimonio en la municipalidad. Los jueces de California interrumpieron los festejos y anularon las 4,037 licencias de matrimonio al tiempo que evitaban el tema central de la constitucionalidad. Determinaron que el alcalde no tenía autoridad para dictar leyes sobre el matrimonio. Los jueces, sin embargo, indujeron el cuestionamiento sobre si prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo constituye un acto de discriminación, un cuestionamiento que llegó al Supremo Tribunal ayer después de andar sin rumbo entre los tribunales de sentencia y de apelación. La pregunta sobre si prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo viola los derechos constitucionales de los homosexuales es el principal asunto relacionado con el matrimonio al que se ha enfrentado la Suprema Corte de California desde 1948. Ese año, siete jueces formaron parte del primer tribunal en declarar que las leyes que prohibían los matrimonios interraciales implicaban una discriminación inconstitucional. El caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo fue presentado por aproximadamente 20 parejas homosexuales y la ciudad de San Francisco. Si el Supremo Tribunal no hubiera decidido intervenir en el caso, la decisión del tribunal de menor rango se habría mantenido. Dennis Herrera, fiscal de la ciudad de San Francisco, dijo que la ciudad estaba "muy complacida" de que los jueces estuvieran revisando el caso. "Quizá sea el principal tema sobre derechos civiles de nuestra época", afirmó Randy Thomasson, portavoz de Voteyesmarriage.com, un grupo que se opone a los matrimonios homosexuales, dijo que estaba decepcionado ante la decisión del Tribunal. "Si la ley no está rota, no la arreglen", dijo. "Es una mala noticia para el matrimonio y para los votantes de California que ya aprobaron una ley estatal reafirmando que el matrimonio es una institución natural y buena entre un hombre y una mujer". Los antecedentes más recientes del Tribunal sobre los derechos de los homosexuales y lesbianas no son claros. En muchos de los casos históricos, los jueces concluyeron que los homosexuales y las lesbianas tienen los mismos derechos que las parejas casadas para presentar demandas judiciales por homicidio culposo, adoptar niños y solicitar que las ex parejas paguen una pensión alimenticia para los hijos. El año pasado, un tribunal dictó sentencia por unanimidad, basado en una ley radical para parejas que entró en vigor el 1 de enero de 2005 y que establece que las empresas deben ofrecer descuentos para cónyuges de parejas domésticas del mismo sexo, si ofrece dichos beneficios a las parejas casadas. "La ley ha dejado bien claro que un objetivo importante de la Ley para Parejas Domésticas es crear un grado considerable de equidad legal entre las parejas domésticas y los esposos", manifestó por escrito el juez Carlos Moreno, el único demócrata del Tribunal nombrado por el gobernador Gray Davis en el año 2001. Pero en 1998, antes de que Carol Corrigan, nombrada por el gobernador Arnold Schwarzenegger, y Moreno formaran parte del Tribunal, éste, compuesto por siete miembros, apoyó por unanimidad al Consejo de Mount Diablo de los Boy Scouts of America, que le prohibieron a un hombre declarado homosexual ser asistente del líder de un grupo de exploradores (scoutmaster) debido a su orientación sexual. Los jueces dictaminaron que las leyes sobre los derechos civiles de California no se aplicaban a los scouts y que los scouts tenían el derecho de acuerdo con la Primera Enmienda de asociarse con las personas que desearan. Los jueces, sin embargo, se mostraron cuidadosos al no aprobar las medidas de los Boy Scouts. "La resolución de este asunto", expresó por escrito el presidente del Tribunal, Ronald George, "no refleja nuestros puntos de vista personales sobre la sabiduría o la moral de las acciones o políticas que se contienden en este caso". Ninguno de esos casos, sin embargo, se ha concentrado específicamente en si los homosexuales y las lesbianas tienen derecho a casarse, lo que está prohibido según la ley de 1977 y la medida aprobada por los votantes en el año 2000. En la Proposición 22, el 61% de los votantes declaró que el matrimonio se define como la unión entre un hombre y una mujer. La instancia más cercana que tuvo el Tribunal de decidir sobre este tema fue en su dictamen de 2004 en el que Newsom sobrepasó su autoridad al emitir licencias matrimoniales a parejas homosexuales y lesbianas. En una votación de 5 a 2, el Tribunal también anuló los matrimonios. Las jueces Kathryn Mickle Werdegar, republicana nombrada por Wilson en 1994 y Joyce Kennard, republicana nombrada por el gobernador George Deukmejian en 1989, expresaron por escrito y en forma individual que el Tribunal no debería anular los matrimonios. Una decisión sobre eso, dijeron, debería esperar un dictamen final sobre la constitucionalidad de los matrimonios.